Nuestro país – o ex-país, como dice Agustín Blanco Muñoz- es territorio de contradicciones. Las cucarachas vuelan, como lo apunta Oscar Yanes; y el tránsito automotor es un buen ejemplo de cuanto ocurre entre nosotros: en la vías rápidas circula por el hombrillo, destinado a estacionamiento y en ellas se ofrece la oportunidad de adquirir flores, tostones y películas piratas; el rojo de los semáforos solo indica extrema precaución ante un posible atraco ; todas las reglas de circulación vigentes son letra muerta, salvo un viernes por la tarde; y el Tribunal Supremo de Justicia, que, con frecuencia declara que no hay materia sobre la cual decidir” en asuntos fueron de extrema urgencia, ha decidido suspender, con sorprendente celeridad, una medida de “pare temporal” o de “pico y placa”, que beneficiaba a la mayoría de los vecinos de un Municipio, agobiado por colas interminables que han convertido a sus avenidas en un inmenso estacionamiento.
Esto viene a cuento en otra materia y asunto de absoluta prioridad, como lo es , la administración de la justicia penal.
Tenemos una excelente Constitución- aunque no sabemos cúal es su auténtica versión- que consagra todas las garantías judiciales, pero los procesos penales son una clara muestra de laberintos kafkianos en el que se entra un día y solo se sale por azar en el mejor de los casos, y en el que nos exponemos a una “imputación” que –según el ex-Fiscal- es tan solo una oportunidad para “demostrar nuestra inocencia, la cual se presume, conforme lo dispone la Constitución; estamos amenazados por una prohibición de salida del país, que se añade a la prohibición que ya tenemos por la dificultad para obtener las divisas y para renovar un pasaporte; y tenemos la “razonable expectativa” de una privación “provisional” de la libertad en un proceso, la cual, como todo lo provisional entre nosotros, puede exceder de la pena que se imponga, de resultar culpables o constituirse simplemente en una pena anticipada por un hecho punible no cometido.
Pero, ahora, en el mismo mundo de lo absurdo y de lo contradictorio, en el cual, inclusive, lo que es, puede no ser al mismo tiempo y lo que se dice puede no ser lo que se dijo, el Ministro de Justicia, ha declarado que la policía, encargada de velar por la seguridad y el orden, por la prevención de los delitos y por la defensa de la colectividad ante el desbordamiento del hampa, debe ser una “policía subversiva”, lo cual, según el DRAE, sería una policía “que tiende a subvertir el orden público”, convirtiéndose así un cuerpo de seguridad en un cuerpo de inseguridad, promotor del desorden público.
Todo esto, por lo demás, se declara y se hace público ante la inminencia de la aprobación de una ley de Policía Nacional, elaborada por destacados especialistas, conocedores a fondo de la materia, académicos, investigadores del tema, que ya han advertido que la ley no resolverá los problemas de inseguridad, como especie de “varita mágica” y que se requerirán esfuerzos de verdad importantes para formar a un “nuevo policía”, entre cuyas características no está la insurgencia o condición subversiva sino, antes por el contrario, la identificación con la comunidad, constituyéndose en ejemplo de proceder ciudadano y modelo de apego a las normas de convivencia y respeto por los derechos humanos.
En este mare mágnum o confusión en que vivimos, solo queda apelar – habiendo desaparecido, entre otros, la instancia del Colegio de Abogados electo por decisión del TSJ – a la sensatez del pueblo que, sencillamente, solo reclama una policía que resguarde el orden público, que no abuse de su poder y que pide a gritos expresiones concretas de justicia y no de venganza, a través de la determinación oportuna de responsabilidades y de la puesta de una barrera verdadera al reinado de la impunidad.
Esto viene a cuento en otra materia y asunto de absoluta prioridad, como lo es , la administración de la justicia penal.
Tenemos una excelente Constitución- aunque no sabemos cúal es su auténtica versión- que consagra todas las garantías judiciales, pero los procesos penales son una clara muestra de laberintos kafkianos en el que se entra un día y solo se sale por azar en el mejor de los casos, y en el que nos exponemos a una “imputación” que –según el ex-Fiscal- es tan solo una oportunidad para “demostrar nuestra inocencia, la cual se presume, conforme lo dispone la Constitución; estamos amenazados por una prohibición de salida del país, que se añade a la prohibición que ya tenemos por la dificultad para obtener las divisas y para renovar un pasaporte; y tenemos la “razonable expectativa” de una privación “provisional” de la libertad en un proceso, la cual, como todo lo provisional entre nosotros, puede exceder de la pena que se imponga, de resultar culpables o constituirse simplemente en una pena anticipada por un hecho punible no cometido.
Pero, ahora, en el mismo mundo de lo absurdo y de lo contradictorio, en el cual, inclusive, lo que es, puede no ser al mismo tiempo y lo que se dice puede no ser lo que se dijo, el Ministro de Justicia, ha declarado que la policía, encargada de velar por la seguridad y el orden, por la prevención de los delitos y por la defensa de la colectividad ante el desbordamiento del hampa, debe ser una “policía subversiva”, lo cual, según el DRAE, sería una policía “que tiende a subvertir el orden público”, convirtiéndose así un cuerpo de seguridad en un cuerpo de inseguridad, promotor del desorden público.
Todo esto, por lo demás, se declara y se hace público ante la inminencia de la aprobación de una ley de Policía Nacional, elaborada por destacados especialistas, conocedores a fondo de la materia, académicos, investigadores del tema, que ya han advertido que la ley no resolverá los problemas de inseguridad, como especie de “varita mágica” y que se requerirán esfuerzos de verdad importantes para formar a un “nuevo policía”, entre cuyas características no está la insurgencia o condición subversiva sino, antes por el contrario, la identificación con la comunidad, constituyéndose en ejemplo de proceder ciudadano y modelo de apego a las normas de convivencia y respeto por los derechos humanos.
En este mare mágnum o confusión en que vivimos, solo queda apelar – habiendo desaparecido, entre otros, la instancia del Colegio de Abogados electo por decisión del TSJ – a la sensatez del pueblo que, sencillamente, solo reclama una policía que resguarde el orden público, que no abuse de su poder y que pide a gritos expresiones concretas de justicia y no de venganza, a través de la determinación oportuna de responsabilidades y de la puesta de una barrera verdadera al reinado de la impunidad.

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