No sé si a la Magistrada Blanca Mármol le convendrá mi defensa. Ni me la ha solicitado, ni yo se lo he consultado. Pero, en todo caso, en situaciones como ésta, la ética exige no callar, así como impone no delatar.
El Presidente de la República, con motivo de la derogatoria del Decreto-Ley del Sistema de Inteligencia y Contrainteligencia afirmó de manera enfática que en Venezuela no hay, ni habrá persecuciones por razones políticas.
Ahora bien, ¿la calificación como falta grave por parte del Poder Moral de actuaciones estrictamente jurisdiccionales no tiene motivaciones políticas?.
Blanca Rosa Mármol lleva más de treinta años en el Poder Judicial, desempeñando todos los cargos de la carrera, desde defensora pública de presos, pasando por juez de primera instancia en lo penal, juez superior y , desde hace algunos años, miembro de la Sala de Casación Penal.
En los tribunales todos nos conocemos. Nadie puede señalar a la Juez Mármol como funcionaria venal, plegada a intereses políticos, oportunista o con la cabeza escondida, sirviéndose de una inhibición para eludir el compromiso de una difícil decisión. Esto lo saben, inclusive, personeros de este Gobierno, que alguna vez encontré en su despacho, hace ya unos cuantos años.
Se ha comportado a la altura de sus responsabilidades y así -creo- lo reconocerán hasta quienes adversan sus votos salvados o disienten de sus decisiones, producto de lo que le dicta su conciencia y la ley.
Con tiempo más que suficiente para pasar a un cómodo retiro, después de una honesta y larga trayectoria, pudiendo disfrutar de una jugosa jubilación, bien merecida, ha considerado que fue elegida por 12 años y que no sería honesto acogerse a una pensión anticipada, que le garantizaría ingresos considerables, como lo han hecho muchos de sus compañeros del Máximo Tribunal, con muy dudosas gratificaciones obtenidas.
Por sus decisiones no complacientes, sosteniendo lo que ha considerado ajustado a derecho, aunque puedan no ser compartidos sus criterios, está siendo sometida a un proceso injusto iniciado y sostenido por el Poder Moral, que pretende su destitución.
En estos momentos, muchos jueces deben sentir vergüenza y pena por haber doblegado su cabeza, acallado su conciencia o escurrido el bulto en asuntos comprometedores, para no poner en peligro su cargo.
La verdad es hoy se pone a prueba una vez más la institucionalidad de este pobre país rico, sus valores, sus convicciones y sus reservas morales, ante el oportunismo político que cobra facturas a costa de la dignidad de quienes han colocado sus principios por encima da las conveniencias.
Si Blanca Rosa Mármol resulta destituida, el Poder Judicial recibirá otro certero golpe y se alejarán las posibilidades de tener un verdadero árbitro y no un mandadero al servicio de los intereses más oscuros de un sistema en franco deterioro.
Los abogados, los llamados juristas, todos los integrantes del Poder Judicial, conjuntamente con los ciudadanos de bien, deben alzar su voz contra el atropello, contra la venganza y contra la amenaza de una acción alevosa que pretende cobrar una víctima más, por el simple hecho de no ser incondicional de un régimen, ni de otro Poder, ni de un grupo político o de presión.
La Asamblea tiene la palabra: venganza o justicia.
El Presidente de la República, con motivo de la derogatoria del Decreto-Ley del Sistema de Inteligencia y Contrainteligencia afirmó de manera enfática que en Venezuela no hay, ni habrá persecuciones por razones políticas.
Ahora bien, ¿la calificación como falta grave por parte del Poder Moral de actuaciones estrictamente jurisdiccionales no tiene motivaciones políticas?.
Blanca Rosa Mármol lleva más de treinta años en el Poder Judicial, desempeñando todos los cargos de la carrera, desde defensora pública de presos, pasando por juez de primera instancia en lo penal, juez superior y , desde hace algunos años, miembro de la Sala de Casación Penal.
En los tribunales todos nos conocemos. Nadie puede señalar a la Juez Mármol como funcionaria venal, plegada a intereses políticos, oportunista o con la cabeza escondida, sirviéndose de una inhibición para eludir el compromiso de una difícil decisión. Esto lo saben, inclusive, personeros de este Gobierno, que alguna vez encontré en su despacho, hace ya unos cuantos años.
Se ha comportado a la altura de sus responsabilidades y así -creo- lo reconocerán hasta quienes adversan sus votos salvados o disienten de sus decisiones, producto de lo que le dicta su conciencia y la ley.
Con tiempo más que suficiente para pasar a un cómodo retiro, después de una honesta y larga trayectoria, pudiendo disfrutar de una jugosa jubilación, bien merecida, ha considerado que fue elegida por 12 años y que no sería honesto acogerse a una pensión anticipada, que le garantizaría ingresos considerables, como lo han hecho muchos de sus compañeros del Máximo Tribunal, con muy dudosas gratificaciones obtenidas.
Por sus decisiones no complacientes, sosteniendo lo que ha considerado ajustado a derecho, aunque puedan no ser compartidos sus criterios, está siendo sometida a un proceso injusto iniciado y sostenido por el Poder Moral, que pretende su destitución.
En estos momentos, muchos jueces deben sentir vergüenza y pena por haber doblegado su cabeza, acallado su conciencia o escurrido el bulto en asuntos comprometedores, para no poner en peligro su cargo.
La verdad es hoy se pone a prueba una vez más la institucionalidad de este pobre país rico, sus valores, sus convicciones y sus reservas morales, ante el oportunismo político que cobra facturas a costa de la dignidad de quienes han colocado sus principios por encima da las conveniencias.
Si Blanca Rosa Mármol resulta destituida, el Poder Judicial recibirá otro certero golpe y se alejarán las posibilidades de tener un verdadero árbitro y no un mandadero al servicio de los intereses más oscuros de un sistema en franco deterioro.
Los abogados, los llamados juristas, todos los integrantes del Poder Judicial, conjuntamente con los ciudadanos de bien, deben alzar su voz contra el atropello, contra la venganza y contra la amenaza de una acción alevosa que pretende cobrar una víctima más, por el simple hecho de no ser incondicional de un régimen, ni de otro Poder, ni de un grupo político o de presión.
La Asamblea tiene la palabra: venganza o justicia.
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